Derechos Humanos

La defensa de los derechos humanos en México está creciendo de una manera rampante y en una forma proporcional a la que, lamentablemente, el Estado menos los respeta.

El juicio de amparo es, por definición, el mecanismo jurisdiccional mediante el cual cualquier persona puede hacer valer los derechos humanos habidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero esta no es la única vía que tenemos los gobernados para defendernos de los abusos del poder público.

Exponemos aquí algunos métodos alternos y/o derechos específicos en los que podemos intervenir:

• Gestión de asuntos relevantes ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos (ACNUDH);
• Gestión y litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos);
• Quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
• Excitativa al Consejo de la Judicatura Federal para la designación de órganos jurisdiccionales que investiguen, para los efectos conducentes, la violación grave de derechos humanos;
• Libertad de culto y objeción de conciencia;
• Denuncias y quejas ante órganos dedicados a combatir la discriminación;
• Asesoría y/o representación en litigios en materia de derecho de réplica;
• Responsabilidad patrimonial del Estado;
• Daño moral y daños punitivos;
• Ejercicio del derecho al libre acceso a la información;
• Posesión y portación de armas de fuego (defensa, no gestión);
• Derechos del menor, del incapaz, del enfermo mental y del adicto;
• Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (Derechos “ARCO”);
• Acciones colectivas en materia ambiental y del consumidor;
• Derechos de los adultos mayores;
• Derecho a la salud y arbitraje médico;
• Diversidad cultural (usos y costumbres indígenas);
• Derechos de las personas con discapacidad;
• Igualdad de género, y
• Libertad de expresión y de prensa.

Derechos Humanos

La defensa de los derechos humanos en México está creciendo de una manera rampante y en una forma proporcional a la que, lamentablemente, el Estado menos los respeta.

El juicio de amparo es, por definición, el mecanismo jurisdiccional mediante el cual cualquier persona puede hacer valer los derechos humanos habidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero esta no es la única vía que tenemos los gobernados para defendernos de los abusos del poder público.

Exponemos aquí algunos métodos alternos y/o derechos específicos en los que podemos intervenir:

• Gestión de asuntos relevantes ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos (ACNUDH);
• Gestión y litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos);
• Quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
• Excitativa al Consejo de la Judicatura Federal para la designación de órganos jurisdiccionales que investiguen, para los efectos conducentes, la violación grave de derechos humanos;
• Libertad de culto y objeción de conciencia;
• Denuncias y quejas ante órganos dedicados a combatir la discriminación;
• Asesoría y/o representación en litigios en materia de derecho de réplica;
• Responsabilidad patrimonial del Estado;
• Daño moral y daños punitivos;
• Ejercicio del derecho al libre acceso a la información;
• Posesión y portación de armas de fuego (defensa, no gestión);
• Derechos del menor, del incapaz, del enfermo mental y del adicto;
• Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (Derechos “ARCO”);
• Acciones colectivas en materia ambiental y del consumidor;
• Derechos de los adultos mayores;
• Derecho a la salud y arbitraje médico;
• Diversidad cultural (usos y costumbres indígenas);
• Derechos de las personas con discapacidad;
• Igualdad de género, y
• Libertad de expresión y de prensa.