13 de Diciembre de 2018
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CONSULTORÍA EN CONTROL CONSTITUCIONAL
Juicio Político
Este servicio está dirigido a todos aquellos servidores públicos y representantes populares señalados en el artículo 110 de la Constitución General de la República.

El juicio político es una forma de destituir e inhabilitar a servidores públicos y representantes populares mediante una deliberación parlamentaria que tiende a determinar si el inculpado, con su acción u omisión, a violado algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o incurrieren en afectación a los intereses públicos fundamentales.

Cuando se trate de servidores públicos o representantes populares de carácter local, la Cámara de Diputados tiene competencia, pero terminado el proceso de instrucción debe turnar el asunto a las Cámaras de Diputados locales para que procedan según su competencia. No es así en los casos federales, en donde el Senado se erige en Jurado de Sentencia. En todo caso, debe respetarse la garantía de audiencia del inculpado.

Bufete Jurídico Nacional está en aptitud de defender al inculpado en todas las instancias del procedimiento. La Constitución establece que las decisiones terminales de las Cámaras que intervienen en este procedimiento son inatacables, pero ello de ninguna manera significa que durante el mismo no puedan hacerse valer las garantías de legalidad y debido proceso ante el Poder Judicial de la Federación.

Cabe destacar que el Presidente de la República no es sujeto de Juicio Político. Esto fundadamente nos hace sospechar que, con todo y los avances democráticos que ha experimentado nuestro país en los últimos años, seguimos viviendo en un sistema presidencialista en donde no existen los contrapesos suficientes entre los poderes públicos.

Por otra parte, cuando las fórmulas conciliatorias de la política fallan, o cuando al Estado no queda alternativa que iniciar los procedimientos que las leyes establecen para sancionar en la vía penal o administrativa a quien violó las leyes, también Bufete Nacional tiene cabida.

Nuestros integrantes han intervenido en casos en que sido necesario fincar responsabilidad a servidores públicos locales y federales. No es la tarea más inspiradora de hacer desde la administración pública o desde la representación popular, pero a veces es necesaria por la preponderancia del bien común.

En nuestra experiencia, la responsabilidad es una cuestión de prueba y no de discursos. Nuestra práctica contenciosa se ha caracterizado por velar en todo momento por las garantías individuales del procesado y por adminicular escrupulosamente el material probatorio. Por eso, cuando se trata de asesorar a quienes fincan la responsabilidad, tenemos la mitad del camino andado.


 
 

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