23 de Junio de 2018
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CONSULTORÍA EN CONTROL CONSTITUCIONAL
Fuero Constitucional
Este servicio está dirigido a todos aquellos servidores públicos y representantes populares señalados en el artículo 112 de la Constitución General de la República.

Por cuanto hace a sus funciones legislativas, los representantes populares gozan de un “fuero inmunidad absoluto”, es decir, que no pueden ser acusados por ningún delito o ilícito civil relacionado con su función. Esto significa que pueden hablar libremente, aún cuando sus imputaciones pudieren constituir difamación o calumnia, sin temer ningún tipo de consecuencia legal.

  

Por su parte, el fuero inmunidad relativo significa que el Presidente de la República sólo puede ser juzgado por el Senado y exclusivamente por la comisión de delitos graves del fuero común, es decir, de aquellos que sanciona el código penal local y que califique de “graves” el código de procedimientos penales. De esta suerte, nuestro Presidente podría ser juzgado por el delito de homicidio si una obscura noche perdiere la cordura y asesinare a alguna infortunada mucama de Los Pinos, pero no podría ser juzgado por genocidio si instalare campos de concentración, ni por delitos contra la salud si utilizare al hangar presidencial para importar estupefacientes. Son de esos absurdos que todavía tiene nuestra Constitución.

  

Asimismo, los servidores públicos señalados en el artículo 112, como diputados, gobernadores, secretarios de despacho, magistrados, consejeros electorales o de la judicatura, etc, gozan de lo que se conoce como “fuero de no procesabilidad”. Esto significa que, si cometen un delito pueden ser acusados, mas no sometidos a proceso. El ministerio público debe pedir primero una declaración de procedencia o “desafuero” para poder consignar su caso ante un juez penal. Es importante desacreditar la pretensión del Ministerio público ante la Cámara de Diputados si se quiere evitar la referida declaración.

  

Esto puede parecer chocante, pero tiene la intención de que las más importantes funciones públicas sigan su marcha y no se detengan sólo porque un individuo determinado resultó ser o podría ser un delincuente. Si lo es, pagará por ello, pero la función pública no tiene porqué verse lastimada.

  

Es distinto el caso cuando se trata de una infracción administrativa. Nunca falta el “aforado” que vive ilusionado en que su investidura parlamentaria le confiere una especie de  “intocabilidad” o inviolabilidad extrema que más se parece en su imaginación a la inmunidad diplomática que al tema que nos ocupa.

  

Es de lamentarse que los agentes del orden y los jueces cívicos no estén perfectamente enterados de que el fuero constitucional impide que se procese penalmente a un funcionario o representante popular, mas no que se le inicie una averiguación previa, ni mucho menos que se le detenga por cometer una infracción administrativa, incluso si la sanción resulta en arresto inconmutable de hasta 36 horas.

  

Insistimos: ningún representante popular o servidor público de alto rango, con la única y exclusiva excepción de los diplomáticos extranjeros acreditados ante la Cancillería mexicana (que son servidores públicos de sus respectivos países), están exentos de arresto administrativo, conforme al artículo 21 constitucional. El fuero no es una autorización o una carta blanca para burlarse del orden social.

  

Bufete Jurídico Nacional puede intervenir en los procesos de declaración de procedencia ante las Cámaras de Diputados, sea ya federal o locales, para defender al acusado de las pretensiones del ministerio público. No obstante, se abstiene de intervenir en casos de justicia cívica o administrativa que ameritan multa o arresto, como no pasar la prueba del alcoholímetro, participar en manifestaciones violentas, atentar contra la moral pública, protagonizar zafarranchos callejeros, o bien, si se tratare de delincuencia organizada o de delitos sexuales.


 
 

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