13 de Diciembre de 2018
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CONSULTORÍA EN CONTROL CONSTITUCIONAL
Investigación de Violación Grave de Garantías
Este servicio está disponible para las Cámaras del Congreso, el Ejecutivo Federal o los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, por conducto de sus funcionarios de primero y hasta segundo nivel.

Mucho se ha discutido si la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe o no conservar la facultad de investigar la violación grave de garantías individuales pues, según dicen los expertos, la referida facultad investigatoria ya no tiene sentido luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos funciona en el Estado mexicano.

 

Nada más equivocado que eso.

  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene el más mínimo poder frente a las violaciones sistemáticas que pudiera cometer un gobernante que debe ser removido de su cargo y sometido a los procesos sancionatorios que procedan por los delitos que pudieren haberse generado. Sabemos que las denuncias penales, en el propio Estado del gobernante de mérito, tampoco suelen ser las primeras en ser atendidas, así que callar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la sistemática violación de garantías en alguna región del país, o incluso del país entero, sería privar al pueblo de México de una fundamental protección en contra de un potencial dictador regional o nacional que se apoderare de su libertad.

  

No nos equivoquemos. Se nos ha olvidado que venimos de dictaduras reiteradas. Más vale que abramos nuestros libros de Historia antes de callar a priori a la Suprema Corte, que en cualquier momento puede respaldar, no sólo con autoridad moral, sino con el poder vinculatorio moderado requerido, el inicio de procedimientos legales contundentes que nos ahorren nuevas dictaduras e incluso levantamientos revolucionarios.

  

Con base en los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia (Aguas Blancas, el caso Oaxaca, la jornalista Lydia Cacho, etc.) y con sus manuales operativos, Bufete Jurídico Nacional puede examinar, con todo rigor legal, confidencialidad y manejo estratégico de la información gubernamental (Véase este tema en el apartado “Comunicación y Análisis”), la violación grave de garantías que pudiere haberse actualizado en algún caso o región y preparar debidamente fundada la solicitud de intervención del máximo tribunal de la Nación.


 
 

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