13 de Diciembre de 2018
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CONSULTORÍA EN CONTROL CONSTITUCIONAL
Acciones de Inconstitucionalidad
Este servicio está destinado a minorías parlamentarias, poderes ejecutivos y legislativos, órganos protectores de derechos humanos y partidos políticos federales y locales.

La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento jurisdiccional que pone a consideración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de una ley expedida por los congresos federal o locales.

Pueden iniciar estas acciones el 33% de los diputados del congreso, hayan o no votado a favor de la norma impugnada. Intervienen en el procedimiento como autoridades demandadas el Poder Ejecutivo y el Congreso que expidió la norma, quienes deben rendir un informe en el que expliquen la razón por la que consideran que la norma impugnada en efecto se ajusta a la Constitución General de la República. Puede también impugnar una norma (o más técnicamente, denunciar su inconstitucionalidad) el órgano protector de los derechos humanos de una entidad federativa, siempre que la norma de que se trate entre en conflicto con derechos humanos consagrados en la Constitución o en tratados internacionales.

Debe destacarse que no procede la acción de inconstitucionalidad contra reglamentos, bandos municipales ni decretos legislativos de contenido administrativo, como el caso de los decretos presupuestales de los congresos locales. Dados los efectos procesales de la interposición de la demanda de la acción de inconstitucionalidad, debe analizarse con cuidado cuándo es mejor presentar juicio de amparo y pedir la suspensión de la norma general, pues en este tipo de procedimientos no procede la suspensión.

Por otro lado, también los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, pero exclusivamente en contra de leyes de contenido electoral. En estos casos operan algunas reglas especiales.

No deje de revisar el apartado de la controversia constitucional, en donde encontrará información importante que también aplica a la acción de inconstitucionalidad.

Esté pendiente de la apertura de las próximas secciones en esta página, que contendrán material de enorme utilidad para el foro y que aprovecharán la presencia de Bufete Jurídico Nacional en todo el país para el beneficio de los abogados y colegios de México, así como para el impulso del progreso científico del Control Constitucional mexicano, que por definición y para la mejor salud de la República ha de ser abierto, plural, universal y por supuesto ajeno a toda suerte de vanidosos oligopolios que recientemente han surgido en esta nueva disciplina.

Efectivamente, para desgracia de todos, particularmente de los órganos de gobierno, esta disciplina se ha academizado al extremo y está empezando a ser monopolizada por un puñado de autodenominados "expertos en la materia", sin experiencia acreditable en el foro.

En contraste, Bufete Jurídico Nacional no sólo acredita su amplia experiencia curricular en la materia, sino que se rige por un estricto Código de Ética que le impide distraer sus actividades en perjuicio de sus clientes.

Finalmente, debe decirse que fuentes oficiales de la Suprema Corte señalan que más del 70% de los litigios que se inician en ella culminan en sentencias desfavorables para los promoventes, en atención a que no recurren a asesorías especializadas en Derecho Procesal Constitucional.

Permítanos ayudarle a no ser parte de las estadísticas.

Si desea ver una relación de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que hemos intervenido consulte la zona “Nuestros Mejores Asuntos”.

 


 
 

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