22 de Septiembre de 2018
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CONSULTORÍA EN CONTROL CONSTITUCIONAL
Controversias Constitucionales
Este servicio se ofrece a Estados, municipios, poderes federales y locales, Distrito Federal y demás entidades, poderes y órganos señalados en la fracción I del artículo 105 constitucional, por conducto de sus funcionarios de primero y hasta segundo nivel.

La controversia constitucional es un juicio ordinario que se lleva de manera uniinstancial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre partes constitucionalmente legitimadas (entidades, poderes y órganos del Estado) para conseguir la invalidación de actos o normas generales que violan la Carta Magna en su perjuicio directo o indirecto, es decir, bien sea cuando se actualiza y acredita la invasión directa de alguna facultad competencial o en su caso un principio básico de afectación.

Este proceso permite la suspensión de la mayoría de los actos que son susceptibles de impugnación en la Corte, no procede en materia electoral, está regido por estrictas normas de improcedencia y sobreseimiento, genera jurisprudencia obligatoria con la sola exposición de argumentos en sus resoluciones y está sujeto a una dinámica de crecimiento y sofisticación inédita que casi puede medirse por semana. La controversia constitucional puede ser, por sus efectos, abstracta o relativa; con precedentes o sin precedentes en cuanto a su planteamiento y es susceptible de presentar diversas variables procesales en materia de planeación, coordinación fiscal, límites territoriales y otras disciplinas específicas. Cada una de estas variables condiciona las diferentes estrategias de tramitación y cabildeo judicial y ante la PGR que deben adoptarse para no estropear el óptimo resultado que puede darse en este tipo de mecanismo de control constitucional. En nuestra experiencia –y para nuestra tristeza– hemos visto a más de un abogado defensor, pese a gozar de renombre profesional o académico, abandonar a su cliente a la suplencia de la queja a la que están obligados los integrantes del pleno de la Suprema Corte, haciéndole más planteamientos, opiniones “académicas” o interrogantes que análisis normativo-constitucionales resistentes que llamen la atención efectiva de los ministros de la Corte y que finalmente, o acaban “litigando” sus asuntos en los foros universitarios, o bien subcontratando a permanentes huéspedes de las bibliotecas para deshacerse del problema. Estos maestros del Derecho se han constituido en verdaderas Musas de nuestro Código de Ética.

Por lo anterior, nuestro primer consejo para nuestros clientes potenciales y sus órganos internos de control es: no corra riesgos ni termine pagando honorarios estratosféricos por servicios que, sencillamente, no son justamente devengados. Los abogados de Bufete Jurídico Nacional hemos obtenido excelentes resultados en los más de sesenta juicios de esta naturaleza en los que hemos intervenido, entre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, gracias al dominio que tenemos sobre el Derecho Constitucional substantivo y a la experiencia real que nos respalda en materia del Derecho Procesal Constitucional y otras disciplinas que conforman de manera integral al Control Constitucional.

Hemos sido delegados o asesorado gobernadores, congresos locales, ayuntamientos, minorías parlamentarias, órganos autónomos y al propio Presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La controversia constitucional es definitivamente nuestra especialidad, pues hemos tenido la oportunidad de ejercerla habitualmente desde que fue creada y de contribuir a la generación de importantes criterios jurisprudenciales desde 1996.

A diferencia de otros despachos y abogados, no venimos llegando al medio y no pretendemos que el público confunda el noble arte de la academia con las habilidades propias de la postulación y la estrategia contenciosa, cuando de lo que se trata nuestro negocio es más de vencer al rival en la contienda que de contribuir con alguna novedosa ocurrencia a la Ciencia del Derecho.

Esté pendiente de la apertura de las próximas secciones en esta página, que contendrán material de enorme utilidad para el foro y que aprovecharán la presencia de Bufete Jurídico Nacional en todo el país para el beneficio de los abogados y colegios de México, así como para el impulso del progreso científico del Control Constitucional mexicano, que por definición y para la mejor salud de la República ha de ser abierto, plural, universal y por supuesto ajeno a toda suerte de vanidosos oligopolios que recientemente han surgido en esta nueva disciplina.

Efectivamente, para desgracia de todos, particularmente de los órganos de gobierno, esta disciplina se ha academizado al extremo y está empezando a ser monopolizada por un puñado de autodenominados "expertos en la materia", sin experiencia acreditable en el foro.

En contraste, Bufete Jurídico Nacional no sólo acredita su amplia experiencia curricular en la materia, sino que se rige por un estricto Código de Ética que le impide distraer sus actividades en perjuicio de sus clientes.

Finalmente, debe decirse que fuentes oficiales de la Suprema Corte señalan que más del 70% de los litigios que se inician en ella culminan en sentencias desfavorables para los promoventes, en atención a que no recurren a asesorías especializadas en Derecho Procesal Constitucional.

Permítanos ayudarle a no ser parte de las estadísticas.

Si desea ver una relación de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que hemos intervenido consulte la zona “Nuestros Mejores Asuntos”.

 


 
 

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