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¿Un Tribunal Constitucional Autónomo en México?
Por: Daniel González Dávila (servicios a gobernantes)

El sofisma extranjerizante de un "club de doctores" que quieren, como sea, delegar en los Ministros de la Corte el minusválido Juicio de Amparo para monopolizar la Justicia de Altura


I. INTRODUCCIÓN

Tras la caída de Adolfo Hitler y del III Reich, Europa estaba destrozada, tanto física como institucionalmente. El “Tercer Imperio” había desbaratado por completo las democracias europeas.

La llegada de las Fuerzas Aliadas permitió a los polvorientos países europeos renacer de las cenizas a partir de 1945. Poco a poco, cada uno se iría dando sus nuevas Constituciones o restablecería las pisoteadas por el régimen Nazi.

En este proceso de “normalización democrática” privó, desde luego, la desconfianza en los poderes judiciales, que previamente hacían control de la constitucionalidad de actos y normas generales.

Así, comenzó a surgir en Europa la idea generalizada de que los poderes judiciales eran moral y técnicamente incapaces de supervisar la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las leyes, por lo que la doctrina comenzó a impulsar la autonomía de los tribunales constitucionales, integrados más por “estudiosos” del Derecho Constitucional que por integrantes de los poderes judiciales y con carrera profesional en ellos.

Este impulso doctrinal, motivado más por el miedo que por la razón, fue liderado por Hans Kelsen, quien propagó esta idea por haber sido parte y presidido el Tribunal Constitucional Austriaco desde 1930 hasta la llegada del Nazismo en 1933.

Una de las ideas más notables de Kelsen —y que más legado ha dejado— ha sido su sistema de revisión constitucional, que crea tribunales constitucionales especializados a los que confía esta revisión. Kelsen propone originalmente un cuerpo de jueces que no provengan del poder judicial. Esta institución se diferencia del sistema norteamericano (que nace en los albores de la independencia, con el caso Marbury vs. Madison), en que el tribunal funciona como «legislador negativo» invalidando los estatutos o legislaciones que considere contrarios a la constitución y no procede necesariamente caso a caso.

Este sistema fue usado primero en Austria, pero luego se extendió a España, Portugal e Italia y más adelante, incluso a repúblicas de Europa Central y del Este. En el sistema de revisión constitucional de Chile, que se reglamenta a partir de las modificaciones constitucionales del año 2005, se ve una fuerte influencia del sistema kelseniano (o europeo, como algunos lo llaman).

Hasta el día de hoy, los tribunales constitucionales autónomos europeos siguen este mismo esquema, llegando al extremo de vigilar al propio poder judicial, los actos que se pudieren entender como más “soberanos” del Legislativo y los de la competencia exclusiva del Ejecutivo.[1]

II. LAS VOCES MEXICANAS EXTRANJERIZANTES

México no ha sido víctima, hasta donde se sepa, de un deterioro tan monumental como el del III Reich. Sencillamente, no hay razón para desconfiar de nuestros jueces.

No obstante, hay voces que sustentan en sofismas la necesidad de crear un Tribunal Constitucional Autónomo, que esté colocado por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando a ésta como un Tribunal de Casación y su “minusválido” Juicio de Amparo.

Estos “estudiosos” o “investigadores” del Derecho Constitucional son los mismos que, como en Europa, quieren ser los integrantes de un Tribunal Constitucional Autónomo que se dedique a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y tenga, además, control absoluto sobre las decisiones soberanas del Congreso de la Unión, como el caso del Juicio Político, además de que conozca de un efectivo “Amparo Soberanía” contra reformas constitucionales.

Ellos desean ser los “Kelsen” mexicanos y desplazar, palabras más, palabras menos, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han formado su oligopolio académico del “Derecho Procesal Constitucional”, donde los unos se elogian a los otros, y todo lo que tenga que ver con el Juicio de Amparo es para ellos propio de los “abogados de segunda”. El Amparo es casación. Eso es litigio de ventanilla, casi lo mismo que la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Este Club Académico de Derecho Procesal Constitucional ha sostenido los últimos seis años la supuesta “autonomía científica” de esta “rama del Derecho” en México y pretende importar del extranjero instituciones alienígenas que sencillamente no vienen al caso con nuestro entorno político, jurídico y social. Se trata de abogados (siempre doctores en Derecho, requisito sine qua non para entrar al Club) que en verdad no tienen “Madre Patria”.

III. ARGUMENTOS EN PRO Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL AUTÓNOMO

Son muchos los argumentos que estas voces extranjerizantes dan para importar un Tribunal Constitucional Autónomo a México.

Todas y cada una de ellas, cae por su propio peso.

La más importante de ellas, es la imposibilidad de defenderse contra Reformas Constitucionales.

Dicen estas voces:

“La Suprema Corte es un Tribunal menor o de simple Casación. No puede revisar modificaciones a la Constitución. El ejemplo vivo es el “Amparo Manuel Camacho Solís”, donde se le aplicó una norma privativa en la reforma constitucional al artículo 122 y Camacho no pudo defenderse.”

Efectivamente, la reforma del artículo 122 constitucional prohibió a todos los que hubieren ocupado el cargo de “Regentes” de la Ciudad de México aspirar a ser Jefes de Gobierno del Distrito Federal.

Sobre este particular, debe decirse que:

a) La norma no fue privativa. Estaba destinada a todos los ex Regentes;

b) Aun cuando la norma fuere privativa, las normas son privativas gracias a que la propia Constitución las califica de tales, por lo que el Amparo es suficiente medio de control para garantizar el derecho fundamental de no ser privado de un derecho;

c) No obstante, las reformas constitucionales no son susceptibles de impugnarse en Amparo, sino tan sólo el procedimiento de reforma, pues en el Constituyente Permanente está depositado el Supremo Poder Soberano Popular. Si éste un día quiere modificar su forma de gobierno a un Imperio Nacionalista, puede hacerlo. Si un día prefiere un Matriarcado Purificador, puede hacerlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación obedece a la Constitución, como todo Poder Constituido, y como también debería hacerlo el innecesario “Tribunal Constitucional Autónomo”, y

d) Prueba de que las reformas constitucionales son inatacables fue la célebre controversia constitucional en materia Indígena. Casi 500 municipios oaxaqueños presentaron sendas controversias constitucionales contra la Federación por la reforma constitucional del artículo 2°, pues no los consultó en lo que respecta a sus usos y costumbres, a lo que estaba obligada por un convenio celebrado con la OIT. En primer lugar, la Federación no era quien debía ser la demandada, sino el Constituyente Permanente, quien carece de legitimación pasiva en la Controversia, pues él mismo la creó. Como dice el dicho: los patos no le tiran a las escopetas. En segundo lugar, si no se observó un Tratado Internacional en la reforma constitucional, tal hecho es absolutamente irrelevante para la legitimación jurídica de la Reforma, pues el procedimiento para ella en ninguna forma prevé la sujeción a compromisos internacionales para obtener vigencia plena. En tercer lugar, los efectos de la sentencia hubieran sido absurdos: una Constitución General de la República para 2000 municipios y una Constitución diferente para 500.

La Constitución es norma suprema, es Norma Hipotética Fundamental, como el mismo Kelsen lo ha sostenido, por lo que un Tribunal Constitucional Autónomo no resolvería el problema del control jurisdiccional de la Constitución sobre la misma Constitución, lo que deja en evidencia el error estructural del pensamiento kelseniano, quien al final de su vida tuvo que acudir al Derecho Internacional como norma “ultrahipotética”, ante el fracaso de su primera “Teoría Pura del Derecho”.

La obra de Kelsen ha sido eficazmente refutada en sus aspectos filosóficos por el iusfilosofismo argentino con Carlos Cossio[2], con quien el maestro vienés mantuvo una polémica personal en Buenos Aires (1949) conocida como «la polémica antiegológica». Dicha polémica, oral y escrita, se mantuvo personalmente en los claustros de la Universidad de Buenos Aires en 1949, y epistolarmente después hasta la muerte de Kelsen[3]. Éste reelaboró por completo su Teoría pura, al punto que la segunda edición puede considerarse una «segunda teoría pura» con gran influencia egológica[4].

Así, los tribunales constitucionales autónomos inspirados en el Tribunal Austriaco Kelseniano de los años 30 han sido más que superados, y los actuales, que se “iluminan” por el Derecho Internacional, sencillamente no tienen cabida en nuestro sistema jurídico interno.

Para finalizar este trabajo, que por respeto al lector no debe exceder las diez cuartillas, analicemos brevemente otros argumentos que las voces extranjerizantes insisten en que un Tribunal Constitucional sería la panacea en México.

A. “Un Tribunal Constitucional sí podría examinar la omisión legislativa”.

También nuestra Suprema Corte. De hecho, criterios recientes del Pleno sostienen que la omisión legislativa es perfectamente revisable en la vía constitucional.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.

De la exposición de motivos del 6 de abril de 1995 y del dictamen de la Cámara de Origen del 10 de abril del mismo año, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su artículo 10, fracción II, se advierte que tienen la calidad de demandados en la controversia constitucional contra disposiciones generales los órganos que las hubiesen expedido y promulgado, pues intervinieron en diferentes etapas del proceso legislativo con que culminaron, además de que para su validez se requiere tanto de la aprobación como de la promulgación, lo que justifica que sea indispensable que concurran ambos entes al juicio, aunque no se reclamen vicios propios de cada una de las etapas legislativas, ya que el propósito de que se les llame como demandados es que sostengan la validez de la norma general, pero, principalmente, lograr una adecuada tramitación y resolución de las controversias constitucionales. Sin embargo, si lo que se reclama es una omisión legislativa, tampoco será obligatorio llamar a juicio a la autoridad que debió llevar a cabo la promulgación, pues es evidente que a este acto no se le atribuyen vicios propios.


 

B. “Un Tribunal Constitucional eliminaría toda corrupción judicial”

Este sofisma cae por su propio peso y es absolutamente ridículo.

La corrupción es propia de la naturaleza del hombre, no de los poderes públicos que integra.

Lo mismo sucede hasta con la Santa Iglesia Católica de Roma.

Precisamente, consciente de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha creado un órgano descentralizado de la misma, exclusivamente dependiente del Pleno de Ministros, que es el Instituto de Investigación Jurisprudencial y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, a cargo del Ministro Presidente en retiro, Don Mariano Azuela Güitrón.

Este Instituto promueve la Ética Judicial, no sólo en México, sino en toda Iberoamérica, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El fin último del Instituto de Don Mariano es conseguir la creación de un Tribunal Iberoamericano de Ética Judicial.

Eso es mucho más sensato que un Tribunal Constitucional Autónomo, vertical y soberbio, como líder ilegítimo y absoluto de los destinos y aspiraciones constitucionales de México.

C. La conveniencia de que el Tribunal Constitucional esté conformado por juristas de diversas procedencias es palpable: una amplia diversidad de puntos de vista reditúa en la objetividad de la decisión. Como todo grupo social, los jueces tienen su propia perspectiva, y no hablemos de la inconveniencia del paradigma judicial romanista; la Constitución requiere de una interpretación abierta y no restringida (es el catálogo de valores fundamentales de la sociedad). La integración del Tribunal Constitucional no puede estar cerrada sino debe ser plural. ¿Por qué puede ser mejor intérprete un juez que no ha estudiado, no ha investigado, no ha estado en el extranjero, a un "doctor" que si lo ha hecho? ¿Quién de ellos tendría un mayor bagaje cultural para estimar más precisa y objetivamente las cosas, cualidad necesaria en un juez?[5]

A esta respetable posición baste con decir que los jueces saben juzgar por lo que han estudiado, pero sobre todo, por su diario vivir en su escritorio al lado de sus expedientes. Ese es el juez de verdad. El que trabaja todos los días hasta el anochecer, llevándose el trabajo a casa, y no el que se ha ido a la Universidad de Navarra a estudiar un Doctorado en alguna materia del Derecho Español. La cuestión es clara como el agua.

D. La pertenencia del Tribunal Constitucional al Poder Judicial me parece un detalle irrelevante, salvo en casos excepcionales. El alemán es parte del Poder Judicial y funciona igual que el español, y formalmente de un modo parecido a la SCJN[6].

En efecto, en Europa la cuestión se torna distinta: la norma hipotética "ultrafundamental" de la "segunda Teoría Pura del Derecho" de Kelsen justifica la existencia de tribunales constitucionales autónomos, en tanto que el derecho de las naciones priva sobre las mismas. La Unión Europea está perfectamente organizada e, incluso, sometida a un Tribunal Europeo, que funciona como Tribunal General y como Tribunal de Justicia, en Estrasburgo. Esto confirma precisamente la cuestión de la innecesaria extranjerización del Derecho Mexicano y pone en evidencia el absurdo afán de importar instituciones que en México no prosperarían, por no estar sujeto a un régimen comunitario de Naciones.

E. En todo caso, una Sala Constitucional, como en otros países de América Latina, sería lo idóneo para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación[7]

La Suprema Corte no necesita ser fortalecida. Es ya bastante fuerte.

Más bien, para fortalecerla, no hay que adicionar una Sala, sino dos Ministros Supernumerarios que auxilien al Pleno en los debates de su competencia originaria y elevar la mayoría calificada para la invalidación de leyes de 8 a 9 votos, creando así la Décima Época: la Época perfecta.

La Corte ya cuenta con dos Salas: la Civil-Penal y la Administrativo-Laboral, que son las que, efectivamente, realizan labores de “Amparo-Casación”.

Pero ¿una “Sala Constitucional”? ¿Qué acaso el Pleno está de adorno?

El Pleno es el Tribunal Constitucional que el Club de Doctores del Derecho Procesal Constitucional quiere para sí. El Club de Doctores que, como dijimos al principio, carece de Madre Patria y que está agrupado en el “Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional”.

No hay necesidad de crearle un nuevo Tribunal, ni tal locura como una “Sala Constitucional”.

Dejemos ya de pensar en extranjerizar nuestras instituciones y comencemos a respetar a nuestra Suprema Corte de Justicia como lo que es: el Tribunal Constitucional de México.




[1] ROUSSEAU, Dominique, La Justicia Constitucional en Europa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p.73.

[2] Carlos Cossio (Tucumán,3 de febrero de 1903 – Buenos Aires, 24 de agosto de 1987) fue un militante universitario reformista, abogado, filósofo del derecho, y profesor argentino.

[3]Cfr: “AL RESCATE DEL PENSAMIENTO EGOLÓGICO. Carlos Cossio: su mirada filosófica y política” en: http://www.revistapersona.com.ar/Persona51/51Mendez.htm

[4] Introducción a la Teoría Pura del Derecho.- Hans Kelsen. (Trad. de Emilio O. Rabasa.) Publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1960, pp 114.

[5] SÁNCHEZ GIL, RUBÉN. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Intercambio epistolar privado del 9 de abril de 2011.

[6] Idem.

[7] FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Ensayos sobre derecho procesal constitucional, editorial Porrúa y Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2004, p. 57.

 

 

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