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Un pistolero analfabeta desquicia a los poderes del Estado de Chihuahua
Por: Daniel González Dávila (servicios a gobernantes)

El homicidio de Marisela Escobedo ha sumergido en un vergonzoso caos constitucional al Congreso, al Tribunal Supremo, al Ejecutivo y a la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua.

La "activista" Marisela Escobedo fue asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando protestaba por el crimen impune de su hija, Rubí Marisol.

El asesino de Rubí Marisol, confeso ante el ministerio público, Sergio Rafael Barraza, fue consignado ante un Tribunal Oral, integrado por los magistrados Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes determinaron que el inculpado no era responsable del homicidio, en tanto que el ministerio público no había aportado pruebas adicionales a la confesión, lo que es indispensable en todo proceso penal no inquisitorial.

Hasta aquí, las cosas se habían realizado conforme a derecho. Los jueces de mérito no tenían alternativa. Por más que estuvieran convencidos de la culpabilidad de Barraza, no es papel de los jueces aplicar sus convicciones morales, sino, con todo escrúpulo, la ley y nada más que la ley. No vivimos en una República Islámica, en donde la convicción moral de un juez es lo que cuenta. ¡Y demos gracias a Dios! ¡Cualquiera de nosotros podría ir a prisión por no ser del agrado de un juez!

El propio Presidente Calderón, en el "Diálogo por la Seguridad" del 12 de enero pasado, dijo que algunos Tribunales se han erigido en "verificadores de requisitos" más que en impartidores de Justicia. Olvida el Presidente, con todo y ser abogado, la garantía de legalidad que tiene todo procesado y todo gobernado. Él parece desear que todos los tribunales del país sean tan dictatoriales como él en la lucha contra el crimen organizado y, afortunadamente, no lo son. No es lo mismo dictar sentencias que mandar accionar ametralladoras. El Presidente tiene una ligera confusión al respecto, y es natural, dado su especial temperamento.

Para castigar a un delincuente se necesitan pruebas, y esas pruebas deben ser obtenidas y ofrecidas por el ministerio público. Perseguir a los delincuentes no es tarea de los Tribunales.

Sin la intención de parecer insensible ante la tragedia que sufrió Marisela Escobedo, ella se convirtió en "activista" por la justicia, como si ello le diere un "status especial" frente al resto de los que día a día queremos que los delincuentes paguen por sus fechorías. Cualquiera de nosotros nos sentiríamos impotentes si el homicidio de nuestra hija quedare impune. Ello es enteramente comprensible.

La campaña de Marisela permaneció prácticamente en el anonimato. Presentó quejas por doquier, pero nadie la escuchó. Fue hasta que un pistolero acabó con su vida a las afueras del Palacio de Gobierno que todas las cámaras de televisión se volcaron sobre el asunto… y también un sinnúmero de ONG’s, muchas de ellas lobos con piel de oveja, ansiosas de obtener algún beneficio económico o publicitario de esta tragedia.

El torbellino mediático sumió en una franca "locura institucional" a todo el Estado. Ese disparo ocasionó un "efecto dominó" de violaciones a la Constitución General de la República.

  

Primera Violación: El Poder Ejecutivo

Por información que publica el Universal, se sabe que el Gobernador del Estado, César Duarte, al puro estilo dinosáurico del siglo XX, levantó el teléfono. No lo levantó para despedir a los fiscales que no lograron la sentencia condenatoria. Lo levantó para comunicarse con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Ramírez Benítez, para hacerle una "petición", que más pareció una orden directa: "Despide a estos magistrados", ocho meses después de que se llevó a cabo la audiencia en la que se liberó a Barraza por falta de elementos.

Pareciera que el Gobernador Duarte no entiende este extrañísimo concepto de la división de poderes. Sencillamente, en franca violación al artículo 116 constitucional, él ha decidido que puede despedir a funcionarios de otro poder. Él es el recién llegado "Rey de Chihuahua".

  

Segunda Violación: El Poder Judicial

La reacción lógica que se esperaba del Presidente del Supremo Tribunal de Chihuahua era que le colgare la bocina al Señor Gobernador por la intromisión en sus facultades competenciales, o que le pidiera "el favorcito" por escrito, para poder incoar una controversia constitucional contra él. Pero, ¡oh, sorpresa! Tanto el Presidente como los magistrados que integran al Tribunal se sintieron perfectamente cómodos con esta deleznable intromisión, se reunieron en pleno y, en la más vergonzosa encarnación del vasallaje, obedecieron al Gobernador: cesaron a los magistrados que exculparon a Barraza.

Todavía en México existen Presidentes de Tribunales locales que tienen la fotografía del Gobernador de la Entidad detrás de su escritorio. ¿Y así exigen para sí más facultades de control constitucional? ¡Ni lo mande Dios! Imagínese el lector a estos magistrados locales aplicando la Constitución General de la República. ¡El sueño de todo Gobernador!

También olvidaron los magistrados que la labor jurisdiccional, conforme al artículo 116 constitucional, es autónoma. Esto no solamente significa evitar intromisiones del exterior (como la del Gobernador), sino también, como indica el Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptado como propio por la AMIJ (la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia), la de respetar y abstenerse de incidir en las decisiones jurisdiccionales de los jueces inferiores.

Olvidó también el pleno de magistrados que los jueces, en ejercicio de sus atribuciones, sólo pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa por su conducta, no por el criterio jurídico de sus sentencias. De otra manera, ¿quién querría ser juez?

Este cese nos recuerda al linchamiento mediático que se hizo de la tristemente célebre juez Campuzano de la Ciudad de México que, según la prensa, liberó a un indiciado por considerarlo una especie de "Robin Hood". Lo que la prensa nunca aclaró fue que la Juez Campuzano  se refirió al héroe británico en su sentencia, con una ironía impecable, para destacar la ineptitud del ministerio público, quien aseguraba que el presunto responsable había repartido entre sus cómplices más dinero del que se aseguraba había robado, lo que dejaba clara la indebida construcción de la averiguación previa.

  

Tercera Violación: la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Comprando problemas que no son suyos, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz, presentó una denuncia de juicio político en contra de los magistrados destituidos.

Conforme al artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República, las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados no tienen facultad para intervenir en asuntos electorales, laborales o jurisdiccionales. Este era motivo suficiente para desechar de plano la denuncia de juicio político presentada por Armendáriz ante la Cámara de Diputados.

Sin embargo, tergiversando el texto constitucional, el acuerdo de radicación lo tuvo presentando la denuncia "en su carácter de ciudadano".

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua se ha destacado por rendir pleitesía a los poderes constituidos, en lugar de fungir verdaderamente como un frente de defensa en favor de los gobernados.

Para muestra, un botón:

A finales de 2010 se aprobó la prisión vitalicia en el Estado de Chihuahua para diversos delitos. Los diputados y el gobernador se basaron en una tesis de jurisprudencia de la Corte de 2005 que establece que la "rehabilitación social del delincuente" no se encontraba prevista como principio en el texto constitucional, por lo que la cadena perpetua se ajustaba a la Constitución, para fines de extradición, o cualquier otro.

No obstante, tres años después, en 2008, hubo una amplia reforma penal constitucional, y el artículo 18, párrafo segundo, dispone ahora expresamente que "El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad".

Es clarísimo que el artículo 18 constitucional prohíbe, a partir de 2008, la prisión vitalicia (y esto es un golpe contundente a los pedidos de extradición de los Estados Unidos, previa tramitación de un juicio de amparo). Y la pregunta obligada es: ¿por qué la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua no presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta pena? ¿Acaso le importa más agradar al Gobernador y no confrontar al Congreso, que defender las garantías individuales?

La respuesta es obvia. Parece que el Presidente de la Comisión está más interesado en conservar su empleo que en desempeñar su función. Eso sí, aprovecha que todos los poderes del Estado se han unido contra los magistrados cesados, para salir en las cámaras de televisión. Sabe que ahí no corre riesgos, y se corona con laureles.

En otras palabras, en Chihuahua sólo hay defensa de los Derechos Humanos cuando el Presidente de la Comisión se siente políticamente cobijado. Un requisito no escrito para que se hagan valer los derechos humanos en Chihuahua es que el Presidente de la Comisión no tenga miedo y, desde luego, que el Gobernador esté de acuerdo.

 

Cuarta Violación: El Congreso del Estado

Por unanimidad, el Congreso de Chihuahua dio entrada a la denuncia de juicio político, promovida por Armendáriz, en contra de los magistrados cesados. Se trata ahora de echar los perros a tres leones moribundos, erigiéndose en revisores ilegítimos de sus decisiones jurisdiccionales.

Así, el Congreso determinó conformar la Comisión Jurisdiccional que llevará el caso, que será encabezada por el diputado Gabriel Sepúlveda, de Juárez. A estos diputados también les es totalmente ajeno el concepto de "división de poderes".

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Superior de Guerrero contra el Congreso de la misma Entidad, por un caso bastante similar, que "el Congreso Local se instituyó en un órgano revisor de las actuaciones emitidas por el tribunal del fuero común…, por lo que es evidente que la demandada se extralimitó en el ejercicio de las funciones que constitucionalmente le competen, invadiendo así la esfera competencial del Poder Judicial".

Es claro que el Congreso de Chihuahua ni siquiera debió admitir la denuncia de juicio político contra los magistrados, cuando estuvo exclusivamente basada en decisiones jurisdiccionales. Desde luego, los magistrados sometidos a proceso pueden y deben defenderse en la vía del amparo, pues el criterio sostenido por la Corte obliga a todos los Tribunales del país.

La cuestión está en que, a diferencia del Tribunal de Guerrero, que defendió hasta el final las decisiones de sus jueces, el Tribunal de Chihuahua tiene un miedo inocultable de la opinión pública y crucificó a sus jueces para salir relativamente ileso. Una salida honorable, digna de un Supremo Tribunal.

Esta historia de acciones poco meditadas e inconstitucionales, al puritito estilo del México postrevolucionario, parece sacada de una tira cómica o de ciencia ficción. Pero lamentablemente es la realidad. ¿Será que el Senado de la República deba declarar la desaparición de poderes en Chihuahua? Es de meditarse, pues parece que ninguno de ellos está preparado para llevar dignamente el cargo que el pueblo le ha conferido.

Pobre Chihuahua. Flagelada por la delincuencia organizada, por un lado, y gobernada por supinos ignorantes de la Constitución, por el otro. Tierra de nadie.

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danielgonzalez@bufetenacional.org

 

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