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Declara la Suprema Corte constitucionalidad del matrimonio y adopción homoparentales.
Por: Daniel González Dávila (servicios a gobernantes)

Como abogados católicos, exigimos de nuestra excedida jerarquía mantenerse al margen de las decisiones del Estado, como el mismo Jesucristo lo hizo.

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Por: Daniel González Dávila
Presidente de Bufete Jurídico Nacional 

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Sin duda, una de las más trascendentes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido la reciente resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República en contra de las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio homosexual y la adopción por este tipo de uniones.

Con independencia del cariz catastrofista que particularmente la Iglesia Católica ha querido darle a esta decisión, no hay duda de que el aval que la Corte ha dado a estas reformas son un reconocimiento al estado de Derecho, a la igualdad entre hombres y mujeres, un sólido revés a la homofobia y un enorme avance en materia de no discriminación.

La libertad religiosa en México sigue siendo también uno de sus más caros baluartes. Que los católicos no sean homosexuales. Esa es su libertad. Pero para ser honestos, y eso no lo digo yo, sino la OMS, al menos una de cada diez personas en el mundo es homosexual. Es hora ya de salir del medioevo en el que nos tienen sumergidas las Iglesias y entender la realidad y naturaleza humanas, para darles correcto cauce legal.

Durante siglos se pensó que el Derecho servía para asegurar la conducta del hombre en Sociedad. Hoy, esto se sabe que es un error. El Derecho es tan sólo una técnica social específica de motivación indirecta (Kelsen, "Teoría Pura del Derecho"), es decir, un modo de obligar al individuo a través de los órganos del Estado facultados para ello, con objeto de obligarlo a conducirse con un "mínimo esperado". El Derecho impone sólo reglas mínimas de conducta. Pero si el individuo, por su moral, sus deseos, sus aspiraciones internas, desea conducirse de un modo más espiritual, más "virtuoso" o más "deseable" según su propio punto de vista (por ejemplo, en el caso del aborto), esa es su decisión.

No es lógico que la Iglesia Católica, ni ninguna otra confesión, pretenda que su doctrina se imponga a través de las leyes en un Estado laico ni que las instituciones democráticas subsanen su fracaso proselitista. Llevar esta pretensión al absurdo, equivaldría a que en México, como ya algunos han sugerido, nuestros congresos y tribunales ponderen cuestiones axiológicas en sus decisiones y a que llagaren incluso a aplicar la "moral sagrada" que, sólo por citar un ejemplo, lapida mujeres en el Islam por cometer el delito de adulterio. ¿En verdad a eso queremos llegar?

El único parámetro que debe respetar el legislador en un Estado Democrático de Derecho al expedir normas de este tipo son los derechos fundamentales, particularmente en una Nación de libertades públicas como la nuestra.

De esta suerte, moral y Derecho están totalmente separados, para fortuna de Occidente, pues una es subjetiva, interna, y el otro es objetivo o externo. Esto ya lo debería saber la jerarquía católica y, desde luego, los abogados que el Cardenal Primado de México proclamó como  "Colegio de Abogados Católicos" o, en otras palabras, "abogados de Cristo", para enloquecer el ego de sus miembros. Desde luego, no es Cristo quien necesita abogados. Son estos abogados, y sus ávidos promotores, los que necesitan a Cristo.

Sobre este particular, debemos hacer notar que el Cardenal Norberto Rivera, por conducto de su “brazo armado”, el autodenominado “Colegio de Abogados Católicos”, presentó una denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Corte que votaron a favor de las uniones homosexuales y de la posibilidad de éstas para adoptar.

En primer término, habría que decir a esta caterva de ayatolas delirantes de la “moral sagrada”, nadie los nombró representantes de los abogados que profesamos la fe católica; y en segundo lugar, habría qué recomendarles que se ilustraren un poco acerca de la responsabilidad de los servidores públicos. Desde luego que los ministros de la Corte son responsables por su conducta y son sujetos de juicio político, pero sólo por eso: por su conducta, y no por su interpretación constitucional en sus sentencias, que para eso constituyen al máximo tribunal del país. Dicho sea de paso, estos “abogados católicos” se quejaron en su denuncia de que los ministros violaron tratados internacionales en su decisión, lo cual pone manifiesta su supina ignorancia en la materia, pues aún cuando ésta se hubiere dado (que no fue así) la Cámara de Diputados no está facultada para evaluar violaciones a tratados internacionales en la conducta de los ministros de la Corte, sino exclusivamente violaciones graves a la Constitución, no en sus sentencias, sino en su comportamiento.

La pregunta obligada es: dejando de lado la sentencia, ¿los ministros de la Corte violaron gravemente la Constitución con su comportamiento? A nadie sensato le parecería así. Ni siquiera al propio Cardenal, que no sabe lo que hace y que al parecer no tiene quién lo asesore seriamente.

En cualquier caso, la sentencia de juicio político no tendría ningún efecto sobre la decisión tomada por los ministros, por lo que a todas luces se ve que los “abogados católicos” y su jefe sólo desean revancha contra las decisiones del Estado. ¡Qué personas tan profundamente espirituales!

Así, sencillamente, el que quiera ajustarse a la doctrina católica, que se ajuste. Los cambios legales que discutimos en nada le tienen por qué perjudicar. Pero levantar la voz contra ellos lo convierte en un fatuo fariseo, pues en nada le perjudican y sólo juzga a los demás por lo que él mismo considera pecaminoso, arrojando piedras sin cesar. Para su desdicha, con la vara que mide, será medido.

Así pues, la decisión de la Corte se basa fundamentalmente en la no discriminación, pero también en varios temas que fueron abordados en los debates. La libertad en la autoconfiguración normativa del concepto de “familia” por cada Estado de la República fue un concepto central en el debate. Este asunto es de la mayor importancia, puesto que la Constitución General de la República protege a la “familia”, cualquiera que sea su configuración.

Por otro lado, el deber que tienen las entidades federativas de reconocerse entre sí los actos jurídicos que celebren sus habitantes conforme al artículo 121 constitucional queda definitivamente intocado, pues cada entidad es libre de configurar el concepto de matrimonio que le plazca y está obligada a reconocer el concepto que las demás tengan del mismo. Si esto no le gusta a la Iglesia, ni a sus abogados fariseos, no es a la Corte a quien debe criticar, sino al Constituyente Permanente. Un error más de los "abgados católicos" y del Cardenal Sandoval Íñiguez, quien debió acusar a toda la República de haber estado "maiciada", y no sólo a los ministros de la Corte.

La Iglesia Católica y la Suprema Corte deberían hacer un pacto: ni la primera interpreta la Constitución, ni la segunda interpreta los Evangelios, en donde, por cierto, en ninguna parte se lee la ley de la discriminación, sino la ley del amor y la proscripción del fariseísmo.

De hecho, el Señor jamás se detuvo ni por un instante a hablar sobre la sexualidad humana (que para la psicología contemporánea es un verdadero universo de opciones que va de la heterosexualidad extrema hasta la homosexualidad extrema, pasando por una infinita escala de grises que atraviesa por la bisexualidad) y, más aún, lo que sí dijo fue: "el que acoge a uno de estos pequeños, me acoge a mí". 

Desde siempre un homosexual ha sido jurídica y psicológicamente capaz de adoptar un menor. Hacerlo en pareja no será ninguna novedad. Se debe ser un necio para no salvar del abandono a un menor por el sólo hecho de que “no hay una mamá en casa” o “hay dos mamás”. Además de jurídicamente insostenible, el argumento es en sí mismo ridículo. La misión de la educación de los menores es proveer de amor y bienes para el sano desarrollo, pero sobre todo la de fijar límites en la vida. No hay que ser heterosexual para hacer eso. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, además de que está prohibida por la Constitución y por el sentido común toda forma de discriminación, incluida la orientación sexual.

En lo que respecta al desarrollo psicosexual del menor adoptado, es claro que crecerá habituado a ver con naturalidad la homosexualidad. Esto, sin embargo, no tiene por qué convertirlo en homosexual si no ha de serlo por sí mismo, de la misma manera que los homosexuales que crecieron en hogares heteroparentales finalmente eligieron "la otra vía". De esta suerte, el argumento de la influencia sexual temprana que pudiere modificar la orientación sexual del menor carece de sustento.

Sencillamente, el matrimonio homosexual vendrá a dar mayores y mejores valores a la familia.

Lo que sí es inmoral y un peligro para la salud pública es la promiscuidad, ya sea homosexual o heterosexual. Introducir la figura del matrimonio homosexual al orden jurídico mexicano coadyuvará a que los homosexuales revaloren la fidelidad y el concepto de permanencia con la pareja, lo que sin duda será positivo para su comunidad y para la salud pública de México.

Pero tengamos cuidado al generalizar. Decir que todos los homosexuales son promiscuos es tanto como decir que todos los sacerdotes son pederastas. Seamos razonables en nuestros juicios y hagamos que prive siempre el sentido común, antes que las pasiones, al expresar nuestras opiniones.

Debe decirse que la comunidad homosexual de todo el país ha quedado protegida con esta resolución, pues las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad son jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. De esta manera, en cualquier Estado de la República, las parejas homosexuales podrán casarse, previo juicio de amparo -de mero trámite- en contra del Registro Civil correspondiente. 

Por lo anterior, las legislaturas de los Estados deberían reflexionar sobre la pertinencia de incluir el matrimonio homosexual en sus respectivos códigos civiles y dar un paso adelante en la igualdad de derechos y la no discriminación.

Finalmente, cabe mencionar que en el Congreso de la Unión se ventila ya una iniciativa para incluir a los cónyuges homosexuales en los regímenes de seguridad social. Este es el primer paso para que las uniones homosexuales sean una realidad en todo el país y, desde luego, en el Código Civil Federal.

Mucho se ha dicho que este tipo de leyes van contra la naturaleza humana porque las parejas homosexuales no pueden procrear y, en consecuencia, las normas en comento van contra la supervivencia de la especie. A esas voces malintencionadas sólo basta con recordarles que la población homosexual del mundo es una minoría -no por ello inatendible- y que la especie humana seguirá reproduciéndose con parejas heterosexuales. El hecho de que se permitan los matrimonios homosexuales no significa que ahora todos debamos casarnos con parejas de nuestro mismo sexo. Este es otro argumento falaz de los que dicen especializarse en "bioética".

Por eso, siempre habremos de recordar las célebres palabras de Don Benito Juárez (inspiradas, según dicen los que saben, por el propio Victor Hugo en sus intercambios epistolares): "Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

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danielgonzalez@bufetenacional.org

 

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